El páramo de Sumapaz y su gente ha suscitado diversas investigaciones académicas, muchas de ellas asociadas a su larga historia de defensa por la tierra, de personajes icónicos, como Juan de La Cruz Varela o Erasmo Valencia, de sus organizaciones sociales, de su ecosistema de páramo con sus especies endémicas, entre otras. No obstante, este prolífico trabajo investigativo no agota el interés por seguir escudriñando este territorio tan cercano a la Bogotá urbana, y que con cada visita muestra nuevos problemas e interrogantes académicos por explorar.

El conflicto armado y la violencia sociopolítica propia del siglo XX han sido documentados de manera rigurosa por la socióloga Roció Londoño en el libro de Juan de la Cruz Varela publicado en el 2011, sin embargo, poco se conoce sobre el conflicto armado reciente entre 1990 y 2017, de hecho, pareciera un tema vetado por la presencia permanente de grupos armados ilegales y legales en confrontación hasta la firma del “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto Armado y la Construcción de una Paz Estable y Duradera o Acuerdo Final de Paz” en noviembre de 2016, momento en el que se concretó un largo ciclo de negociación entre el Gobierno Nacional y la entonces guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC–EP), que históricamente tuvo presencia en el Gran Sumapaz [1].

En este contexto, el presente artículo busca hacer un breve ejercicio de reconstrucción de memoria del periodo 1990 a 2017 a partir de los relatos de la señora Rosalba Rojas, habitante desde hace cincuenta años de la vereda Taquecitos, corregimiento de Nazareth de la localidad 20 de Sumapaz, con el fin dar un lugar protagónico al campesinado sumapaceño que vivió los efectos de la guerra y la estigmatización social, y que hasta ahora empieza a contar su historia por la expectativa generada con la implementación del Acuerdo Final de Paz.

La guerrilla de las FARC–EP y el Ejército Nacional de Colombia fueron los grupos armados con mayor presencia en el Gran Sumapaz. En el caso de las FARC–EP, su accionar tuvo un periodo de crecimiento y consolidación entre finales de los años 60 y principios de los 90 en todo el país, y el páramo de Sumapaz se convirtió en un corredor estratégico por colindar con los departamentos de Tolima, Huila y Meta. A la par, la fuerza pública respondió con una militarización sostenida. La operación militar efectuada el 17 de diciembre de 1990 en el lugar conocido como “Casa Verde” en La Uribe, Meta, es recordada por la población sumapaceña, como el hecho que marcaría la expansión del conflicto armado reciente en el Gran Sumapaz.

Tras la operación militar en “Casa verde”, la Localidad 20 de Sumapaz fue bombardeada por las Fuerzas Militares, lo cual trajo una ola de desplazamientos y detenciones arbitrarias. (Observatorio Presidencial, 2007). Aunque muchos de estos desplazamientos fueron temporales, no cesó la estigmatización contra la población civil que era señalada de estar vinculada a la guerrilla, lo cual condujo a múltiples violaciones a los derechos humanos que no han sido documentadas. El silencio por miedo a agresiones contra el campesinado sumapaceño por parte de los grupos armados legales e ilegales era la regla para garantizar la vida.

Al respecto, la señora Rosalba Rojas recuerda cómo su esposo fue víctima de una detención arbitraria por parte del Ejército:

Nos pasó un caso con el ejército, mi esposo se fue a ver el ganado y no aparecían dos novillas, sino un soldado muerto, él se fue más hacia adentro a buscarlas, cuando lo encañonaron y le dijeron que era un guerrillero, lo acostaron boca abajo, le dijeron que quedaba detenido, que diera información, y ya como a las 3 pm alguien en un camión que venía de San Juan dijo que lo habían detenido que porque estaba cerca de un soldado muerto ahí en Caicedo (…) Yo me fui recién había ordeñado las vacas, luego hablé con el comandante, ¿qué le encontraron a mi esposo? Una zurriaga y un conejito muerto ¿le encontraron armas? Al fin dijo: lo vamos a dejar ir, pero tiene que presentarse cada 8 días, no me gusta ver viejas llorando. Eso es que su esposo le carga la alimentación por allá en las mulas [a la guerrilla], y que le dijéramos algo, que pasa la guerrilla, si pasan, si piden un vaso de agua, pues toca dárselo. Váyase.

El hecho de ser vistos como “guerrilleros con ruana” no hacía viable la denuncia de este tipo de arbitrariedades ante las autoridades o ante el mismo Ejército, máxime cuando este grupo armado aplicaba un control minucioso a las casas, víveres, bienes y rutas de transporte. En este contexto, Doña Rosalba relata:

Mi hija estaba sola, pequeñita, tenía 9 años, le hicieron abrir la puerta, se metieron a estas piezas y se robaron 150 mil pesos. Se inventaron que aquí se había metido un guerrillero, menos mal no le hicieron algo a la niña. Fue con la niña menor que va cumplir 29 años. La niña me contó, estaba toda mordida de los nervios, levantaban la ropa y todo. Yo me fui sola con la niña a las Auras, nadie me quiso acompañar, a la gente le daba miedo, yo mandé llamar al comandante y le puse la queja de que unos soldados habían entrado a mi casa, la niña estaba sola y se robaron 150 mil pesos. El capitán sacó los 150 mil pesos y me los dio.

Tras las detenciones arbitrarias se aplicaban torturas con el propósito de obtener información sobre posibles colaboradores de la guerrilla, sus lugares de asentamiento y aprovisionamiento de víveres y armas; y se iniciaban procesos penales irregulares y reiterativos, principalmente en contra de los líderes de las organizaciones campesinas locales, que culminaban con absoluciones o archivos de las investigaciones. Estas acciones afectaron a las organizaciones campesinas a nivel veredal, que se desintegraron o modificaron sus propósitos, los cuales, ya no solo estaban ligados a garantizar el acceso a servicios públicos y condiciones para una vida digna, sino también a iniciar acciones de denuncia pública para que cesara su estigmatización y frenaran las violaciones a los derechos humanos de las que estaban siendo víctimas.

Durante la década de los 90, la guerrilla de las FARC-EP también llevó a cabo diversas violaciones a los derechos humanos en la localidad 20 de Sumapaz. Varios campesinos del corregimiento de Nazareth fueron asesinados, por ser señalados como informantes del Ejército, otros fueron víctimas de extorsión y de secuestro. Sin embargo, el hecho más recordado y atribuido a este grupo armado es el homicidio de los ediles llevado a cabo el 18 de octubre 2009. Fanny Torres Ramírez y Fernando Morales, del Partido Liberal; y Carlos Suárez y Alexander Guzmán, del partido Polo Democrático Alternativo, fueron sustraídos por personas que se identificaron como integrantes de las FARC–EP en la vereda Los Ríos del corregimiento de Nazareth. Solo los ediles Suárez y Guzmán fueron liberados, los otros dos, asesinados.

Sobre estos hechos, doña Rosalba Rojas recuerda:

El homicidio de los ediles marcó a la comunidad, eso fue hace como 6 años lo de la edilesa, y el primero como 10 años. Primero mataron a la edilesa con otro edil que iba a entrar, que iba a trabajar por los jóvenes.

Estos hechos aún no esclarecidos perviven en la memoria de los habitantes de la localidad 20 de Sumapaz, en especial de los corregimientos de Nazareth y Betania, donde los ediles asesinados tenían un liderazgo social reconocido. Así mismo, el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de las FARC–EP se vivió en la Localidad, algunos fueron raptados, otros se fueron a conformar el grupo armado. El regreso no era una opción viable, porque se creía que el menor reclutado y su familia pasaban a ser informantes del Ejército.

Por otra parte, el ingreso del paramilitarismo en el Gran Sumapaz no fue homogéneo. Este actor armado que aceleró su expansión a finales de los 90, no llegó a la localidad 20 de Sumapaz como sí lo hizo en municipios de la provincia de Sumapaz, como Fusagasugá, Cabrera y Venecia. No obstante, la posibilidad de su presencia despertó zozobra en el campesinado de la Localidad. 

A partir del 2002, con la llegada de la política de seguridad democrática y el fracaso del proceso de paz iniciado en 98, se recrudece el conflicto armado y la presencia permanente del Ejército con la construcción de nuevas bases militares A diferencia de la década de los 90 en la que también hubo agresiones contra la población civil y un proceso de militarización importante, en esta aumentan los combates entre el Ejército y las FARC–EP. La restricción del paso a pie o a caballo en las zonas acostumbradas, el riesgo que percibe el campesinado sumapaceño, e incluso la ocupación de tierras, son algunos de los impactos generados por la presencia militar permanente. No obstante, los impactos más significativos están asociados a graves violaciones a los derechos humanos, en particular ejecuciones extrajudiciales de campesinos de la Localidad. Los hechos más recordados son la desaparición forzada y homicidio de los jóvenes Javier y Wilder Cubillos Torres y Heriberto Delgado Morales el 18 de marzo de 2005, a manos de las tropas del Batallón Contraguerrillas No. 13 Cacique Timanco (Corte Suprema de Justicia, abril de 2014), y la ejecución extrajudicial de Víctor Manuel Hilarión Palacios, en hechos del 9 de enero de 2012, luego de ser señalado como Comandante del Frente 53 de las FARC–EP. 

La señora Rosalba Rojas se refiere a estos hechos de la siguiente manera: 

También [hubo] desaparecidos [en Sumapaz], que se fueron unos jóvenes hombres a buscar el ganado por allá y los mataron, seguramente falsos positivos, la comunidad se resiente. 

Las detenciones arbitrarias seguidas de procesos penales irregulares continuaron. En el 2010 circuló un panfleto titulado “Proceso de judicialización contra milicias de los Frentes 51 y 53 de la ONT FARC ubicados en la localidad 20 del DC”, en el cual se relacionaban varias personas vinculadas a las Juntas de Acción Comunal como vinculadas a la guerrilla de las FARC–EP, hecho percibido como una forma de desestabilizar la organización social local. (Prensa Rural, marzo de 2010). El 17 de diciembre de 2014, varios integrantes del Sindicato Agrario de Trabajadores de Sumapaz –SINTRAPAZ, y un edil de la Localidad fueron privados de la libertad por ser señalados de formar parte de una red de abastecimiento de la guerrilla de las FARC, sin embargo, posteriormente se les concedió la libertad. Este hecho fue objeto de denuncia pública por parte de la Federación Nacional Sindical Unitaria -FENSUAGRO-, conformada por SINTRAPAZ y otras organizaciones campesinas, al considerarlo como una “estrategia de persecución y estigmatización en contra de los habitantes de la región de Sumapaz” (FENSUAGRO, diciembre de 2014). 

Estas historias apenas están siendo conocidas. La mayoría de los campesinos y campesinas de la Localidad no se acercaron a las instituciones del Estado para denunciar estos hechos, y apenas hasta marzo de 2017 se recibieron las primeras 71 declaraciones por parte de los habitantes de los corregimientos de Nazareth y San Juan de Sumapaz, ante la Personería de Bogotá, con el fin de que sean reconocidos como víctimas en el marco del conflicto armado y puedan acceder a medidas de reparación individual y colectiva. El miedo y la desconfianza al momento de comentar lo sucedido no fue la excepción. (Personería de Bogotá, julio de 2017). 

Conocer qué pasó en el Gran Sumapaz y en específico en la Localidad 20 de Sumapaz, que hace parte de la capital del país, es un capítulo desconocido en la historia del conflicto y la violencia socio-política en Colombia. Es necesario continuar ahondando en la reconstrucción de la verdad desde la perspectiva del campesinado sumapaceño para contribuir a la no repetición de violaciones a los derechos humanos y aprovechar los mecanismos que conforman el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición (Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, Jurisdicción Especial para la Paz, y Unidad de Búsqueda para Personas dadas por Desaparecidas) creados por el Acuerdo Final de Paz, para reconocerlo como víctima del conflicto armado y promover su participación en los mismos, y por supuesto, explorar formas de reparación colectiva por los daños ocasionados a la organización social, e incluso al mismo páramo de Sumapaz.

Nota de pie

[1] Denominamos como Gran Sumapaz a toda la extensión biogeográfica que abarca los departamentos de Cundinamarca, Huila, Meta y la Localidad 20 de Bogotá, en sus dimensiones político-administrativa, histórica y ecológica. Ver Daza, J. (2019). Tesis de maestria. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estudios Ambientales –IDEA.

Bibliografía

Daza, J. (2019) De la defensa de la tierra a la del territorio: Transformación de las relaciones con el páramo y giro eco-territorial en las comunidades campesinas del Sumapaz. Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas. Instituto de Estudios Ambientales -IDEA-.

FENSUAGRO. (14 de diciembre de 2014). Denuncia pública. Detención arbitraria de cuatro campesinos de Sintrapaz en Sumapaz. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de Sitio Web del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”: https://www.colectivodeabogados.org/?Detencion-arbitraria-de-cuatro-campesinos-de-Sintrapaz-en-Sumapaz.

Observatorio Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. (2007). Diagnóstico Departamental de Cundinamarca. Bogotá, Colombia: Vicepresidencia de la República. Personería de Bogotá. (21 de marzo de 2017).

Londoño, R. (2011). Juan de la Cruz Varela: Sociedad y política en la región del Sumapaz (1902-1984). Bogotá, Colombia: Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Humanas. Departamento de Historia. 708 p.

Prensa Rural. (12 de marzo de 2010). Se anuncia proceso jurídico contra líderes campesinos del Sumapaz. Recuperado el 31 de Julio de 2018, de Sitio web del Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”: https://colectivodeabogados.org/Se-anuncia-proceso-juridico-contra.

Rojas, R. (26 de febrero de 2018). Entrevista a Rosalba Rojas – Campesina de la Vereda Taquecitos Corregimiento de Nazareth. (J. C. Daza Rincón, Entrevistadora) Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Auto que inadmite demanda de casación, Radicado No. 43.454 (30 de abril de 2014). 

Víctimas de Sumapaz reciben atención después de años de violencia. Recuperado el 23 de Julio de 2018, de Sitio web de la Personería de Bogotá: http://www.personeriabogota.gov.co/informacion-general/noticias/item/608-victimas-de-sumapaz-reciben-atencion-despues-de-anos-de-violencia